Se cayo en pedazos la reforma de el gobernador Enrique Alfaro, quizó de manera inconstitucional alterar el "Poder Judicial".

Primero fueron los ministros José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán quienes resolvieron los Amparos en Revisión 321, 231 y 314 a favor de Jueces y Juezas para que no sean sometidos a la evaluación de control de confianza, y hoy jueves se discutirá la resolución del Amparo en Revisión 283/2021 de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con lo que oficialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional someter a Magistrados y Jueces a este tipo de exámenes que sólo están previstos para aplicarse a servidores públicos de corporaciones o instituciones de seguridad pública.

Ayer por la noche, la Corte emitió un comunicado de prensa que confirma lo que Marcatextos publicó en sus dos últimas entregas, anteayer y ayer, y que a la letra dice:

“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la evaluación de control de confianza (toxicológico, médico y de polígrafo) implementado en el estado de Jalisco para los juzgadores que integran su Poder Judicial, transgrede los principios de independencia y estabilidad judicial…

“De igual forma, ordena que los juzgadores sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que fijen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, lo que significa que los Congresos de las entidades federativas tienen como imperativo respetar la independencia judicial, y en ella, la estabilidad de los juzgadores, lo que no se observa con el sistema de evaluación de control de confianza previsto en la legislación del Estado de Jalisco, porque hace depender la estabilidad en el cargo del resultado de evaluaciones que no corresponden a reglas de responsabilidad administrativa, único supuesto en el que un juez puede ser separado de la función…”.

A su vez la ministra Esquivel Mossa, en su resolución al Amparo en Revisión que le correspondió atender, argumenta -en los mismos términos que sus compañeros Franco González y Pérez Dayán- que “se considera fundado y suficiente para conceder el amparo al quejoso, el concepto de violación, en el que sustancialmente argumenta que las disposiciones reclamadas que corresponden al sistema de evaluación de control de confianza en juzgadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco, violan el principio de independencia judicial que protegen los artículos 17 y 116, fracción 111 de la Constitución General de la República…”.

Con la resolución de la ministra Yasmín Esquivel se hará la redacción final de la sentencia, se recabarán las firmas de cuando menos cuatro Ministros y del Secretario de Acuerdos, para que el amparo entre en vigor a favor de los quejosos en particular, pero esto bastará para que a la gran cantidad de peticionarios del amparo, entre Magistrados y Jueces, se les resuelva a favor.

Paradójica e irónicamente -para desgracia del Ejecutivo estatal- este amparo también beneficiará a aquellos magistrados, encabezados por Ricardo Suro Esteves, -todos ellos peticionarios- que fueron sus aliados y a los que sometió para que violentaran su propia ley y recularán de recurrir a la controversia constitucional que con anterioridad había sido aprobada por el Pleno.

Asimismo, con esta resolución de la Segunda Sala de la Corte queda en evidencia la enorme ignorancia para legislar de la pasada Legislatura, cuya mayoría encabezó el hoy diputado federal emecista Salvador Caro Cabrera, y reconfirma su vergonzoso papel como “empleados” -¿o lacayos? dixit Alfaro- sumisos del Ejecutivo, aunque hoy varios de ellos gozan del “pago” recibido por los servicios prestados como parte del gabinete del gobernador Enrique Alfaro que les permite seguir viviendo de las arcas públicas.

Al mismo tiempo, también “desnudó” la incapacidad y pobreza del equipo jurídico del Ejecutivo, cuyos recursos solicitados ante tribunales fueron desechados. Sería bueno que el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, hiciera una “limpia” en ese equipo.

Y para rematar, la declaración de inconstitucionalidad de este examen exhibió a la mayoría de los magistrados -que no fueron todos, afortunadamente- que se prestaron a satisfacer los intereses del Ejecutivo antes que hacer respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial y demostrar su honorabilidad. Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia la que saliera a “lavarles” el honor perdido a cambio de quién sabe qué, si es que hubo algo de por medio.

Valga destacar que, en su momento, durante aquellas discusiones de la reforma al Poder Judicial, dos diputados de aquella nefasta LXII Legislatura advirtieron que sucedería lo que hoy es realidad -declarar inconstitucional la evaluación de control de confianza-: el hoy director del Instituto de Pensiones, Héctor Pizano Ramos, de la bancada de Movimiento Ciudadano, y el hoy legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, entonces integrante de la bancada perredista, pero aliado del emecismo.

Así, pues, lo sucedido ayer en la Corte no es otra cosa más que una nueva derrota del Ejecutivo frente al Judicial.