En los últimos años, México se ha enfrentado a la invasión de empresas extranjeras, principalmente canadienses, en el sector minero. Se trata de, según el Proceso, “a ciencia cierta las empresas más corruptas cuando invierten en la minería en México”. Principalmente desde que el país ha ido cediendo millones de toneladas de recursos no renovables, alertando una importante pérdida de la soberanía nacional ante concesiones mineras a firmas canadienses.  

Esto ha puesto en riesgo no sólo la biodiversidad del territorio mexicano, también la seguridad social de numerosas comunidades invadidas por las empresas mineras. No obstante, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México –CDPIM– de la Secretaría de Gobernación, “Durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades”.

Es decir que, además de que las mineras canadienses no pagan impuestos “no tienen restricciones ambientales suficientes y despojan a comunidades indígenas y campesinas por medio de la corrupción de sus líderes y autoridades.” El objetivo es consumir todo el recurso natural de plata, bismuto, plomo, oro y cobre que enriquece a México, aunque sea a expensas de sus habitantes en las zonas rurales. Para la CDPIM, “México es el paraíso fiscal de Canadá en materia minera.”

Un ejemplo de este caso es el de la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, en los límites entre Zacatecas y Durango, quienes fueron desalojados ilegalmente de sus casas por parte de la minera canadiense Panamerican Silver. Después de una larga temporada de acoso y amenazas, la empresa extranjera obligó, con el apoyo de guardias privados con armas largas, a 47 familias a dejar sus hogares antes de destruirlos con maquinaria pesada. Se les forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también llamada La Colorada, cuyos hogares están construidos con láminas y con contratos con fecha de vencimiento del 13 de febrero. 

Panamerican Silver fijó sus ojos en esta región al ser rica en recursos naturales renovables como oro, plata y cobre; y al principio la compañía operó con los habitantes y lugareños, hasta que en 2014 hubo cambios administrativos y se decidió terminar dicha colaboración. Fue así que el 13 de enero usaron guardias armados para desalojar a las familias bajo el amparo de un título de propiedad ilegal. 

Frente a esto, los habitantes recibieron a una comitiva de los diputados María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), facilitando una audiencia en tribunal agrario. Además, las 47 familias desalojadas comenzaron a promover desde mayo 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas –TAZ– para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras. El litigio continúa; sin embargo Panamerican Silver se encargó de vaciar al pueblo, a demoler viviendas desocupadas y apropiarse de los predios. 

Mientras tanto, los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido ahí durante casi 100 años, y que en 1982 promovieron otro juicio para reconocérseles como ejido –pese a que las autoridades federales nunca lo resolvieron–. Actualmente los representantes legales de La Colorada, Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería y Asdrúbal Sandoval denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ. Y aunque “Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada”.

Alfonso Guerrero sentenció al respecto: 

Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina. No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir.