Por movimientos bancarios irregulares, el pasado 20 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 186 personas pertenecientes a organizaciones criminales del Estado de México y Jalisco (57 corresponden a grupos de esta Entidad).

En junio de 2020, como parte de la “Operación Agave Azul”, la Unidad también congeló las cuentas de mil 939 sujetos vinculados con el narco en Jalisco.

Durante el mandato de Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), en el Estado se han triplicado los reportes de operaciones irregulares; es decir, las transacciones bancarias sospechosas o relacionadas con el lavado de dinero o para el financiamiento del terrorismo.

Mientras en 2017 se analizaron 20 mil 498 cuentas, el año pasado cerró con 73 mil 302, según información actualizada por la autoridad. Y en los primeros siete meses de este año suman 13 mil 247 movimientos, de acuerdo con datos de la UIF.

La Entidad se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de operaciones sospechosas, sólo por debajo de la Ciudad de México.

Jalisco, segundo lugar nacional en operaciones bancarias irregulares

Entre 2017 y 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un total de un millón 509 mil transacciones bancarias sospechosas en el país, de las cuales 651 mil 322 fueron reportadas en Jalisco y Ciudad de México; es decir, concentraron cuatro de cada 10 operaciones inusuales.

De acuerdo con datos de la Unidad, dependiente de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, la Ciudad de México es la que concentra el mayor número de movimientos bancarios en los que se presume alguna irregularidad relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, con un total de 479 mil 838 en ese periodo, seguida por Jalisco, con 171 mil 484.

“Jalisco siempre  ha sido un paraíso para los grupos criminales, donde a través de las empresas fachada o  factureras se llevan a cabo todo este tipo de situaciones. También  participan grupos delictivos que aquí se han detectado,  no nada más por México,  sino por el Gobierno de Estados Unidos”, subraya Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco.

A su vez, resalta que en Jalisco opera el grupo delictivo más poderoso económicamente del mundo, según información de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Recuerda la “Operación Agave Azul”, la cual se realizó en conjunto con la DEA y que derivó en el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con integrantes del Cártel Nueva Generación. “Aquí es la meca de todo ese tipo de situaciones y por eso es importante que se realicen estas operaciones con la mayor eficiencia posible”.

El pasado 2 de septiembre, la UIF reportó que entre septiembre del año pasado y junio del actual, se presentaron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales para hacer del conocimiento sobre actos que pudieran involucrar la utilización de recursos ilícitos y que son competencia de esas instituciones realizar su seguimiento.

Los riesgos ante la delincuencia

Evaluación. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las restricciones implementadas durante la pandemia por el COVID-19 para prevenir contagios, así como “otras circunstancias adicionales”, brindan nuevas oportunidades para que delincuentes y terroristas generen y laven las ganancias ilícitas.

Contingencia. Los problemas, amenazas y vulnerabilidades en relación con los delitos y los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo originados por la contingencia sanitaria son: aumento de los fraudes y los delitos cibernéticos, suplantación del Gobierno, falsificación, recaudación de fondos, estafas de inversión fraudulentas, trata de personas y explotación de trabajadores, explotación infantil en línea, mala dirección de los fondos del Gobierno o la asistencia financiera internacional, así como el aumento de los riesgos de corrupción.

Fondos. “A su vez, han ocasionado nuevos riesgos, entre los que destacan: un mayor uso de esquemas en línea o activos virtuales para mover y ocultar fondos ilícitos; el aprovechamiento de los problemas temporales en los controles internos para evitar las medidas de DDC (Debida Diligencia de Cliente); aumentos en los movimientos de efectivo en grandes cantidades”, se señala en el documento.

Efectivo. Se añade que los delincuentes y terroristas utilizan la pandemia para ingresar a las nuevas líneas de negocios que requieren mucho efectivo, uso indebido de la ayuda financiera interna y los planes de insolvencia como un medio para lavar los ingresos ilícitos, un mayor uso del sector financiero informal, entre otros.

Detección. Durante la contingencia sanitaria, la UIF detectó casos de pornografía infantil y venta de medicamentos falsos.

Emergente. “Todas estas circunstancias alrededor de la emergencia sanitaria permitieron determinar que la pandemia del COVID-19 representa un riesgo emergente”, se subraya.

Avisos. Por ello, la Unidad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitieron documentos y comunicados para auxiliar a las entidades supervisadas en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, amenazas y vulnerabilidades derivados de la contingencia sanitaria.

Grupos. Se reconoce que, a pesar de los esfuerzos que el Estado realiza para combatir a las organizaciones delictivas, a través de las instituciones operativas y de inteligencia, en México se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, mismas que subsisten aún después de que sus líderes han sido capturados o abatidos.

TELÓN DE FONDO

Crean unidad local

Aunque en 2019 se firmó el convenio con la UIF para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía de Jalisco, ésta comenzó a operar en mayo de este año para investigar casos de posible lavado de dinero.

De acuerdo con el documento publicado el pasado 8 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, la Unidad estará dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, trabajará en coordinación con la Dirección de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Dirección de Extinción de Dominio, para generar líneas de acción institucional para el combate al lavado de dinero.

Entre sus facultades legales están el generar,  recabar información, documentación, datos e imágenes; contar con acceso a las bases de datos o cualquier otra relación fiscal económica, patrimonial y financiera con relación a  las conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

La Unidad podrá requerir a los órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración estatal que le proporcionen información y documentación necesaria para sus revisiones.