Dicen muchos de los beneficiarios del dinero de los fidecomisos que eran nobles y que permitían que llegaran recursos que no fueran del Estado para apoyar proyectos que beneficiarían al pueblo de México.

Otros dicen que los fidecomisos se crearon para robar a manos llenas y trasladar los recursos del Estado a empresas particulares, es decir, tomar el dinero de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y dárselos a empresas que además de enriquecerse explotándonos, incluso les pagamos con nuestros impuestos sus desarrollos e innovaciones tecnológicas. Los capitalistas nunca pierden. El pueblo sí.

Más allá del debate de para qué se crearon esos fidecomisos, lo real es que hubo robo vil y descarado de nuestro dinero que pagamos en impuestos. Recordemos cómo lo hemos dicho en otros artículos de FRAGUA, que no es necesario estar dado de alta en hacienda para pagar impuestos; al comprar cualquier mercancía, lo hacemos.

Pongamos ejemplos del robo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una entidad del Estado destinada a la investigación científica, poseía 91 fidecomisos supuestamente para apoyar la innovación, pero de los recursos que el Estado le dio, 891 millones de pesos lo dieron a las empresas transnacionales Intel, IBM, Monsanto, Kimberly Clark, Bayer, Volkswagen, Honeywell, y a las empresas transnacionales mexicanas como Mabe, Femsa Logística y Bimbo. Otro ejemplo menos conocido, que incluso algunos académicos e intelectuales “progres” o “izquierdosos” defienden, es el caso de la Universidad Iberoamericana (Ibero), la cual también tenía un fidecomiso que permitía becar estudiantes de posgrado en su universidad. Eso a la distancia sin meterle mucho cerebro se ve muy bien, pues le permite continuar estudiando a jóvenes de cualquier estrato social. Sin embargo, si profundizamos en el análisis podremos ver que estamos viviendo el mundo al revés. Nos explicamos: la educación es un derecho que está consagrado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice que ésta debe ser gratuita y pública, además que es obligación del Estado garantizar la educación superior. Todos pagamos impuestos para que las universidades existan e incluso se construyan nuevas. Una universidad privada es una empresa y como toda empresa explota a sus trabajadores y obtiene una ganancia, además de cobrar las colegiaturas. ¿Por qué una empresa educativa necesita de un fidecomiso (de nuestros impuestos) si bien puede destinar de sus ganancias, producto de la explotación a sus trabajadores y las jugosas colegiaturas que cobra, recurso para becar jóvenes? Pues no necesita, ya que roba cuando explota, roba con las colegiaturas y roba los impuestos de todo el pueblo.

Otro ejemplo tragicómico es la desaparición de fidecomisos para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas. Primero, debemos aclarar que las víctimas de la violencia de Estado, o defensores de los derechos humanos (luchadores sociales) y los periodistas tienen todo el derecho a ser protegidos por el Estado si su actividad de lucha social o sus investigaciones periodísticas honestas hacen que cualquier actor los amenace o agreda; asimismo, las víctimas tienen derecho a exigir la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños. El temor de que al quitar los fidecomisos pierdan las pocas medidas de protección que les brinda el Estado por medio de una empresa de seguridad privada y que son para salvaguardar sus vidas es legítimo. Pero ese temor no puede ser lo que mueva a la gente, ya que ese fidecomiso creado por un conjunto de organizaciones, por más que le metieron candados para evitar la corrupción fue imposible hacerlo debido a que desde el 2012 (año en el que se creó el fidecomiso), el Estado le proporcionó el dinero a una empresa privada para se que se encargara de la protección de las personas defensoras y periodistas, pero ¿qué creen que hizo la empresa junto con el Estado? Pues cobró el dinero destinado para todas las medidas de protección como tres veces o más y el Estado se lo permitió y pagó. Entonces, la empresa robaba y el Estado le facilitaba ese robo.

Como dijimos arriba, el miedo no puede ser lo que mueva al pueblo. La única manera en la que el Estado brinde los recursos necesarios para la protección de los luchadores sociales o personas defensoras de los derechos humanos, de los periodistas y de las víctimas de la violencia de los sexenios anteriores es organizándose y teniendo la claridad de que es una obligación del Estado; de lo contrario, cada quien seguirá viendo por su caso particular, mientras se dejen manipular por organizaciones, ignoren y no investiguen cómo funciona este tipo de instancias.

Desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) los invitamos a organizarse con nosotros, con la claridad de que, sólo organizándonos, viendo por el bien común, luchando por la dignificación de nuestras condiciones laborales, renunciando a la soberbia de no querer ser un proletario de la construcción que se ensucia las manos, pero al final ser un proletario con cámara y grabadora, y no prestándonos a que nos utilicen con fines políticos que no son la vida digna, sólo así podremos exigir nuestros derechos, romper la barrera de la dinámica laboral neoliberal y capitalista, y que nos dejen de tratar como mendigos.

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la Editorial del No. 59 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), noviembre, 2020.