En julio pasado, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que desaparecerá las delegaciones federales, pues hay Estados en los que se tienen más de 20, como es el caso de Jalisco, en donde se supera esa cantidad con una plantilla de seis mil 592 empleados, de los cuales dos mil 410 son de confianza y eventualmente se quedarán sin contrato.
En el plan de austeridad que implementará el próximo Gobierno federal se contempla despedir a estos últimos trabajadores, pues sólo se respetará a los de base. El objetivo, de acuerdo con el equipo del Presidente electo, es que los recursos públicos lleguen a la gente y sea el Gobierno el que se “apriete el cinturón”.
Una de las dependencias más afectadas, por ejemplo, sería la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Jalisco, la cual cuenta con 481 empleados, de los cuales 443 no cuentan con base y son de confianza.
El aparato burocrático federal en Jalisco contempla delegados, subdelegados, coordinadores y jefes de departamento, entre otros, de la administración pública central, sin contar a los del Poder Judicial, la milicia y otros cuerpos de seguridad, ya que estos últimos no estarán a cargo de los “delegados de programas integrales de desarrollo”, que es la nueva figura con la que se contará en las Entidades para sustituir a los titulares de las delegaciones.
En Jalisco, el delegado será Carlos Lomelí, excandidato a la gubernatura por Morena. Entre las áreas con mayor número de empleados se encuentran el ISSSTE (mil 493), el Servicio de Administración Tributaria (mil 346) y el IMSS (775).
AMLO subrayó que se trata de mucha burocracia y, además, “muy bien pagados”. Los titulares de estas áreas tienen sueldos que van de los 90 mil a los 150 mil pesos, como en la Sedesol, Sagarpa, ISSSTE, IMSS y Profeco, en donde también se han negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, como sí lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los que logren permanecer en sus puestos tras el recorte anunciado, no podrán recibir sueldos superiores a los 108 mil pesos mensuales, que es el tope fijado por López Obrador. Además, dejarán de recibir algunos de los privilegios adicionales a su sueldo, como el seguro de gastos médicos mayores.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), son alrededor de 3.5 millones de empleados del Ejecutivo federal en todo el país los que actualmente cuentan con este seguro o el de vida. Se estima que una tercera parte estaría en condiciones de contratarlo de manera individual.
La mayoría de los recursos se va al pago de la nómina de más de seis mil empleados del Gobierno de la República. EL INFORMADOR/Archivo
Burocracia federal en Jalisco: 6 mil 592 empleados en total
ISSSTE: mil 493
SAT: mil 346
IMSS: 755
Sedesol: 481
Inegi: 476
Sagarpa: 311
SCT: 300
Conafor: 2011
Instituto Nacional de Migración: 159
CIATES: 146
Secretaría de Trabajo y Previsión Social: 143
Diconsa: 124
INAH: 108
Infornavit: 107
Procuraduría Agraria (Sedatu): 89
Semarnat: 87
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: 49
Prodecon: 36
Profeco: 34
Secretaría de Economía: 30
Sedatu: 29
SER: 29
SEP: 14
Segob: 10
Condusef: 9
SHCP: 8
Nacional Financiera: 8
Cuestan delegaciones federales 6 mil 416 millones al año en Jalisco
En este año, 26 delegaciones, direcciones, institutos y organismos que operan en Jalisco y dependen del Gobierno federal costarán seis mil 416 millones de pesos. En su mayoría, los recursos públicos son utilizados prácticamente para el pago de sus nóminas.
Aunque se solicitó la información sobre el presupuesto que reciben y el monto que se destina para el pago de sus empleados, algunas de las dependencias evitaron entregar la información. Algunas respondieron que la responsable de entregar los datos era alguna de las áreas correspondientes a sus propias dependencias, otras, que esos registros eran manejados por la Coordinación Nacional de Recursos Financieros.
Hay delegaciones que aclaran no manejar recursos, pues todos sus gastos y pagos son ejercidos directamente por la secretaría de la que dependen, como es la de Gobernación, lo cual fue confirmado por la exdelegada Rocío Morgan Franco, quien aclaró que las facturas son enviadas a la Segob y son ellos quienes se encargan de cubrir los pagos, incluso la de los empleados, siendo ésta una de las delegaciones con el menor número de trabajadores. Actualmente se tienen 10.
Entre los que sí se puede conocer las bolsas presupuestales se encuentra la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que tiene etiquetados 94.1 millones de pesos para su operación, de los cuales, 81.9 millones son para el pago de sueldo y prestaciones de su personal.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene un presupuesto de 5.8 millones, de los cuales, 5.5 millones son el para el pago de servicios personales, aunque sólo cuenta con 14 trabajadores, de los cuales, 12 son operativos; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene una bolsa de 27.8 millones, y 22.7 millones son para el pago de sus empleados.
De los 25.2 millones de pesos que tiene presupuestados la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 22.7 millones son para el pago de nómina. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destina 162.9 millones al rubro de servicios personales de un presupuesto global de 194.4 millones de pesos en Jalisco.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene un presupuesto de ocho millones 58 mil pesos, de los cuales 7.8 millones son para la nómina. La Comisión Nacional del Agua tiene un presupuesto de 388.1 millones, y una tercera parte se va al pago de trabajadores con 111.1 millones.
De los presupuestos más altos se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con mil 785 millones. De acuerdo con la información publicada en transparencia presupuestaria, 64.6 millones se destinan a la nómina. El resto son para proyectos de infraestructura que se ejecutan en la entidad.
Otro de los presupuesto más elevados es el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 070 millones. Sin embargo, vía transparencia no se precisó cuánto se destina para el pago de la plantilla, la cual está conformada por 755 trabajadores. De éstos, uno es delegado, siete son subdelegados y cuatro coordinadores.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un presupuesto de 427.6 millones de pesos y tiene mil 346 empleados, una de las nóminas más altas junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una plantilla de mil 493. Sin embargo, este último no entregó la información con relación al presupuesto que éste destina para su operación y el pago de sus trabajadores.
Presentan plan en el Congreso
Para mejorar la atención a los ciudadanos y cumplir con la política de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a través de la desaparición de las delegaciones, hace días se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reorganizar la forma en la que el Gobierno federal opera en los Estados.
De acuerdo con la propuesta presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, se requiere un nuevo modelo para mejorar la conducción de los programas federales y de establecer un contacto directo con los beneficiarios de los programas y proyectos de Gobierno.
Para lograrlo se revisará alrededor de las dos mil 300 delegaciones, subdelegaciones y las oficinas de representación de dependencias y entidades de la administración pública federal que ejercen más de cinco mil 300 atribuciones.
El diputado propone la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas como “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”.
En el documento se destaca que los delegados tendrán como función las tareas de coordinación de acciones entre los estados, municipios y la federación.
Andrés Manuel López Obrador designó a Carlos Lomelí como el coordinador federal en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo
Pendiente, la descentralización
Al igual que el resto de los temas incluidos en la política de austeridad del presidente electo, la mudanza de 30 secretarías y dependencias federales a los Estados se encuentra pendiente y no hay información suficiente para conocer cuándo se concretará.
Aún se desconoce cuál será el proceso para que la Secretaría de Ganadería opere en Jalisco, pues forma parte de la propuesta para dividir las funciones de la Sagarpa. El resto de las áreas de esta dependencia estaría en otras Entidades. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura tendrá su sede en Obregón, Sonora; la Secretaría de Pesca en Mazatlán, Sinaloa.
Sin embargo, antes de llevar a cabo estos cambios, el Gobierno federal realizará primero una serie de estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades, para conocer si es viable o no instalar las dependencias en éstas. Se estima que este proceso cueste 250 millones de pesos.
De manera global, el proyecto para lograr la descentralización de la administración pública costaría 22 mil 500 millones de pesos tan sólo en su primer año. Al final, enviar las dependencias a otras entidades podría costar un total de 147 mil millones de pesos, pues en una segunda etapa se contempla la construcción de las sedes y la mudanza de las secretarías. Debido a que no hay claridad, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillón, declaró en días pasados que antes de hablar del traslado de la subsecretaría o secretaría de Pesca a esta entidad, se debe aclarar si la Sagarpa se dividirá.
CLAVES
Acciones para la reorganización
- Realizar una revisión integral de las dos mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades federales existentes.
- Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán presentar los resultados al Ejecutivo federal.
- Aquellas delegaciones cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa serán suprimidas. Se revisará la aplicación de los recursos destinados a su funcionamiento.
- La Delegación de Programas para el Desarrollo por cada Entidad federativa se basarán en dos pilares: la coordinación con las autoridades estatales y municipales, y la coordinación con las oficinas de representación de las dependencias y entidades federales.
- Las actuales delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal se transformarán en “oficinas de representación”.
- Se propone un periodo de seis meses para que el Ejecutivo federal realice un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de mantener las oficinas de representación.
Proyecto 2018-2024
En el proyecto de Nación 2018-2024 del presidente electo, se destaca que el Gobierno federal está compuesto por 18 Secretarías y 299 entidades que suman casi tres millones de personas, de los cuales cerca de 80% trabaja en la Ciudad de México.
Con este plan se pretende descongestionar a la Ciudad de México, ayudar a la reactivación económica para la generación de empleo en las comunidades, y que los trámites administrativos y de gestión sean más eficientes para facilitar su operación a distancia.
EL ANÁLISIS
Delegaciones opacas
Jaime Barrera
A menos de un mes de que inicie la administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el tema del futuro de las más de 80 delegaciones federales que funcionan en Jalisco sigue siendo incierto.
No se sabe aún qué relación tendrán con los coordinadores estatales que anunció en julio pasado López Obrador, cuando dijo que además de que colaborarán con él en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, serían los vigilantes de la aplicación de los programas federales en sustitución de los delegados para reducir el gasto en el aparato burocrático federal.
EL INFORMADOR se dio a la tarea de explorar cada una de estas delegaciones, organismos federales descentralizados y empresas paraestatales, y lo que encontramos es que muchas de éstas trabajan en total opacidad, se niegan a transparentar sus nóminas, pagos por rentas de oficinas, y sus titulares a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Menos aceptan rendir cuentas de sus acciones ni de sus resultados.
Sólo 26 de las más de 80 oficinas federales que operan en Jalisco accedieron a dar información, y luego de agotar todas las prórrogas que les otorga la Ley. Es, pues, evidente la resistencia y el desprecio que tienen a la rendición de cuentas, por lo que habrá que ver qué sucede con éstas y qué encuentra el nuevo Gobierno federal y sus coordinadores. Tan sólo en las que respondieron a las solicitud de información hecha en los términos de la Ley de Transparencia, trabajan casi seis mil 600 burócratas federales, con un presupuesto de casi 6 mil 500 millones de pesos.
Hasta antes de la alternancia política en el año 2000, el priismo las veía como una extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las Entidades. Eran también agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Cuando ganó el panista Vicente Fox, no supo qué hacer con las delegaciones y tardó años en ir sustituyendo a priistas por panistas. Felipe Calderón siguió con la misma lógica al igual que Enrique Peña Nieto.
El presidente electo ha asegurado que en su Gobierno eso será distinto, incluso, asegura que la figura de los delegados desparecerá. Ante la opacidad en la que operan muchas de estas delegaciones federales, sin duda vendrá bien esta revisión para que queden sólo las que sean útiles. Veremos.
TELÓN DE FONDO
Delegados ocultan sus patrimonios
No sólo se conoce poco del gasto de los recursos públicos y el trabajo que realizan los delegados en el Estado, sino que algunos de éstos forman parte también el grupo de funcionarios que rechazan transparentar su patrimonio.
De acuerdo con información analizada por la organización Data Cívica, correspondiente a 340 mil servidores públicos, siete de cada 10 prefirieron no dar a conocer estos datos.
Entre éstos, Gloría Judith Rojas Maldonado, titular de la Sedesol; Javier Guízar, de la Sagarpa; Gabriela Vázquez, de la Profeco, y Flavio Humberto Bernal Quezada, del ISSSTE.
Data Cívica advierte que esta práctica de no transparentar los bienes ha crecido en los últimos años.
Quienes aceptaron hacer pública su información fueron Salvador Fernández Ayala, titular del Centro Jalisco de la SCT, y José Luis Mata Bracamontes, de la Segob.
Sin embargo, la posibilidad de que esta información sea pública está en el limbo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobada como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dejó abierta la alternativa de negar el acceso cuando se considere que puede afectar la vida privada o se trate de datos personales.
El SAT gasta 19.1 millones de pesos en la renta de uno de los inmuebles que ocupa. EL INFORMADOR/Archivo
Pagan millones en rentas de edificios
Además de la nómina, otro de los gastos que cubren las delegaciones y demás áreas que dependen del Gobierno federal con operación en el Estado, es el pago de arrendamiento de inmuebles.
De acuerdo con lo que respondieron 15 de estas áreas, al año pagan 66.5 millones de pesos en rentas. El resto, opera desde sedes del Ejecutivo federal que no requiere un pago directo por parte de las delegaciones.
De esta bolsa, la mayor parte corresponde al SAT, el cual renta varios inmuebles. Dos de éstos representan un gasto anual de 19.1 millones de pesos cada uno. Es el caso de la sede ubicada en la Central de Abastos de Guadalajara.
Los que superan el millón de pesos anuales son la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Semarnat, el Instituto Nacional de Migración, la Nacional Financiera, el INEGI y la Procuraduría Agraria.
