Gilberto López y Rivas

La Jornada

Capitulación es el término apropiado,   aunque sus equivalentes: derrota, sometimiento, rendición o acatamiento, podrían ser utilizados para describir el resultado de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que llevaron a la militarización de la frontera sur con el emplazamiento de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional, que ya inició tareas propias de la odiada y temida Border Patroll, “ La Migra”.

No son suficientes los exorcismos de unidad nacional, ni los apoyos incondicionales de diversas procedencias, sin faltar los de clérigos y pastores, que exaltan un nacionalismo estatista, ni tampoco frases pírricas como la de salimos con la dignidad intacta; en los hechos, el muro de contención de Trump, se corrió hasta los límites de México con Guatemala y Belice para intentar detener el flujo migratorio centroamericano, respetando los derechos humanos, acorde con la retórica cuarto transformadora.

El texto de la Declaración Conjunta no deja lugar a dudas: “México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana con el fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. (…) Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

Además de profundizar la militarización del país, en todo el territorio nacional, pero, particularmente en su frontera sur, al servicio de un gobierno extranjero que decide donde emplazar tropas, así como sus misiones, dentro de lo acordado, se otorga un peso importante a los megaproyectos en el sur de México, y se identifican los fuertes vínculos del crecimiento económico de esta región, con el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para promover estos objetivos, señala la Declaración, y para ello: México y Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa.

México evitó la aplicación de aranceles, pero sólo de manera temporal, pues el acuerdo incluye un plazo de 90 días para vigilar si se han cumplido las órdenes imperiales de impedir la llegada de migrantes y, de paso, observar su conducta como país de acogida para los aspirantes a la visa estadunidense o para los deportados que cada día se incrementan más en número, por lo que nuestro país servirá, faltaba más, como campo de refugiados de su buen vecino.

Los daños de la negociación, que van más allá de ser colaterales, son la persecución y violación de derechos humanos de miles de hermanas y hermanos migrantes, no sólo de Centroamérica, sino de todos aquellos que se adentren en territorio nacional procedentes de diversas regiones del planeta, a quienes se les declara, de facto, un tipo de guerra. También, ya tiene lugar la criminalización de quienes, en el acompañamiento de personas migrantes, están siendo detenidos y llevados a proceso, por presuntos delitos en materia migratoria. Este es el caso, no el único, del tesista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Cristóbal Sánchez, quien ha trabajado largamente en organizaciones que brindan ayuda humanitaria, fundador del colectivo Cultura Migrante y colaborador de la Universidad Iberoamericana. El pasado 5 de junio, nuestro colega fue encañonado por policías vestidos de civil, detenido sin orden de aprehensión y trasladado al penal estatal ubicado en Tapachula. Aunque liberado días más tarde, Pueblo Sin Fronteras alertó que el juez dejó abierta la indagatoria del Ministerio Público contra Cristóbal Sánchez. El cargo por el cual se le acusa es introducción ilegal de personas en territorio nacional (sic).

La historia de la migración mexicana en Estados Unidos, desde que este país ocupó los territorios de las Provincias Norteñas a través de la guerra de conquista de 1846-1848, está marcada por el racismo y la exclusión hacia nuestros compatriotas. Como lo registra Carey McWilliams ( North from Mexico: The Spanish-Speaking People of the US. Philadelphia: Lippincott, 1949), el primer linchamiento en esos territorios ocupados fue el de una mujer mexicana en 1848. ¡Vaya paradoja para un gobierno que sostiene estar empeñado en una transformación histórica, poner en práctica este tipo de política característica del oscurantismo estadunidense!