*Comisión de Vigilancia fincó cargó por 11 millones tan sólo por el primer trimestre de la actual administración

*Regidora Claudia Murguía exige la renuncia del Tesorero

*La ciudadana exige la carcel del Tesorero y la destitucion inmediata de Esquer de su cargo.

CIUDAD GUZMÁN, JAL., - Durante los primeros tres meses de la administración 2015-2018 y la totalidad del ejercicio fiscal 2016, el Municipio de Zapotlán el Grande se podría hacer acreedor a un cargo fiscal hasta por 47 millones de pesos, recursos que habrían gastado sin ser comprobados.

Tan sólo en los primeros tres meses de la gestión (de octubre a diciembre de 2015), la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco aprobó un cargo fiscal por 11 millones 12 mil 59 pesos.

La regidora Claudia Murguía puntualizó en rueda de prensa que de esa totalidad, 10 millones 627 mil pesos tienen que ver con asuntos de fraccionamientos, en concreto el nombrado “Camichines 1” recibido por el Ayuntamiento que preside Alberto Esquer pero donde no existen escrituras que acrediten la cesión de áreas para el patrimonio municipal.

Del resto, casi 313 mil pesos corresponden a gasto en obra pública y 71 mil pesos a administración y finanzas. Al respecto, Murguía agregó que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) realizó observaciones en cheques que fueron pagados a razones sociales que no coincidían con las facturas emitidas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Vigilancia es de manera íntegra el presentado por la Auditoría. Aunque el presidente de este órgano legislativo, el priista Hugo René Ruiz Esparza, afirmó que el presidente Alberto Esquer y su tesorero Carlos Agustín de la Fuente fueron notificados en tres ocasiones con el fin de que presentaran aclaraciones, éstas nunca llegaron.

Durante la semana, se difundieron también adelantos de auditorías a la cuenta pública de 2016, donde hasta el momento la ASEJ reporta que 36 millones de pesos tampoco fueron comprobados pero sí ejercidos.

Aún falta la aprobación del Pleno para que se pudiera iniciar un proceso directamente en contra del Alcalde y el Encargado de la Finanzas Municipales. De no acreditarse el desahogo de los recursos observados, la sanción sería un crédito fiscal que iría al patrimonio personal de los responsables.

Murguía lamentó que este tipo de procedimientos tarden años en resolverse, pero de antemano exigió la renuncia de Carlos Agustín de la Fuente “por no acreditar un requisito básico” como lo es la comprobación fiscal de gastos.

En el documento correspondiente al último trimestre de 2015, los resolutivos incluyen recomendaciones para corregir en el ejercicio del ayuntamiento zapotlense, tales son los casos de “abstenerse de beneficiar con contratos a servidores públicos o sus familiares”.

El dictamen resalta que del periodo correspondido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (bajo la administración 2012-2015) no existió ningún cargo fiscal.