Desde enero pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto echó a andar una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales, advirtió el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

De acuerdo con la organización, en el primer trimestre del año el gobierno aumentó 71.2% el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias –entre ellas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Agricultura (Sagarpa) Desarrollo Agrario (Sedatu)- y añadió 5 mil 251 millones de pesos al gasto del programa Prospera (36.6% más) sin incrementar el padrón de beneficiarios, además de otorgar 1,481% de fondos extras al Programa de Empleo Temporal (PET).

La administración federal, sostuvo, desembolsó 38% más para la partida “materiales y suministros” –que pueden regalarse a cambio de votos– e infló en 48% el gasto en comunicación, ambos con alta discrecionalidad.

De manera paralela, recortó en 81% el presupuesto asignado a la observación electoral -pasó de 93.6 millones de pesos en 2012 a apenas 18 millones de pesos este año-, mientras que el controvertido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor del PRI para mantener en la opacidad la operación de los programas sociales o permitir la entrega de tarjetas, un método que empleó Peña Nieto en su campaña de 2012.

A la fecha, la organización recibió 151 reportes sobre acciones de compra de votos en 25 estados, y si bien el tamaño reducido de la muestra recabada en su portal Democraciasinpobreza y el carácter “auto reportado” de las denuncias impiden un análisis estadístico, los datos indican que el precio de los votos oscila entre 150 y mil pesos, con un costo promedio de 500 pesos.

En el Estado de México, una denuncia incluso reportó una compra de voto por hasta 5 mil pesos, aunque Alberto Sendón Rosales, coordinador del colectivo, precisó que se trató de la cooptación de un promotor.

“La compra de votos puede ayudar a conseguir cargos, pero no sirve para combatir la pobreza. Son actos inmorales e ilegales. Aún queda un mes y medio de campañas, y es justo cuando se va a intensificar”, advirtió.

El exfiscal electoral Santiago Nieto –quien se unió al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador- recordó que en los estados con mayor pobreza, como Chiapas o Oaxaca, hasta 60% de la población es beneficiaria de Prospera, por lo que los vocales del programa pueden influir en los comicios, al menos en los locales.

“El problema está en las casillas rurales, las zonas suburbanas donde la decisión de comer o no comer puede incidir para una familia en vender su voto. No puede haber normalidad democrática en un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y donde se practica la compra de voto y el acondicionamiento de programas sociales”, añadió.

Aunado a la apertura de estos espacios para la compra de votos, el colectivo observó que el gobierno federal dejó que se generara una grave inestabilidad institucional en los meses anteriores a las elecciones.

Por ejemplo, actualmente no hay fiscal general, ni fiscal anticorrupción y tampoco magistrados encargados de castigar los actos de corrupción. Durante largos periodos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estuvieron descabezadas y, según el colectivo, tanto los Órganos Internos de Control de la Sedesol como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) están “capturados”.

Poder pervertido

Al comparar las asignaciones presupuestales otorgadas a algunas direcciones, delegaciones y programas de la Sedesol, Sedatu y Sagarpa en los primeros trimestres de 2017 y 2018, la coalición encontró irregularidades impactantes.

En Oaxaca, estado de origen de Eviel Pérez Magaña, titular de la Sedesol, el presupuesto asignado a la delegación creció en 838.8% -de 18 millones a 170 millones de pesos-, mientras que en Chiapas el incremento fue de 553.8%, pero en Campeche el disparo fue todavía más abrupto: 1,062%. De manera general, el presupuesto de la Sedesol aumentó 23.6% a principios de año.

En la Sedatu, encabezada por Rosario Robles Berlanga desde agosto de 2015, algunas direcciones claves vieron un incremento brutal en sus fondos: el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares creció 206.3%, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) recibió 121.9% más, y la dirección de Comunicación Social obtuvo 153.9% extra.

En la Sagarpa, dirigida por el priista tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa, la Dirección General de Fomento a la Agricultura obtuvo 579.4% más –pasó de 569 millones a 3 mil 867 millones de pesos-, mientras que la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural subió ¡47,737%!
“El poder del desarrollo social ha sido pervertido”, deploró Nieto.

“Hay que hablar del perfil de los titulares de la Sedesol o la Sedatu. No puede ser que sean operadores políticos en lugar de personas que conozcan las maneras de combatir la pobreza”, insistió el extitular de la FEPADE, separado del cargo después de que inició investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht y el supuesto desvío de cientos de millones de pesos para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.

Desde principios de la administración, Proceso documentó cómo los sucesivos titulares de la Sedesol y la Sedatu utilizaron las dependencias como plataformas políticas o incluso desviaron dinero, con un resultado nulo sobre el combate a la pobreza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que durante las gestiones de Robles al frente de ambas dependencias se desviaron por lo menos 5 mil 251 millones de pesos destinados a la población más vulnerable del país.

Como sus antecesores en la Sedesol, Pérez Magaña –nombrado por José Antonio Meade Kuribreña, ahora candidato del PRI a la presidencia- colocó a operadores del PRI en puestos claves de la institución.

En la Oficialía Mayor, que controla el presupuesto y los contratos de la institución, nombró a Vicente Agustín Mercado Zúñiga, otrora secretario de administración y finanzas del CEN del PRI, y en la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y en la Coordinación de Delegaciones nombró a cercanos priistas de Oaxaca.

Además de su historial de corrupción en su natal Oaxaca, Pérez Magaña se benefició de contratos federales por más de 137 millones de pesos a través de empresas familiares, dos de los cuales le fueron otorgados por Jorge Toledo Luis, quien era su suplente en el Senado, como lo reveló Proceso en enero pasado.

Al frente de la Sedesol, y pese a la prohibición de realizar actos de entrega masiva de despensas o de programas sociales, Pérez Magaña continuó operando como político desde principios de año: se reunió en múltiples ocasiones con los promotores de los programas sociales y encabezó actos públicos.

El colectivo recordó que muchos de los altos funcionarios de la Sedesol utilizaron la dependencia como trampolín político: Meade es candidato a la presidencia; Luis Enrique Miranda Nava, su sucesor, es operador del PRI en Chiapas y candidato a senador, y Paula Hernández, excoordinadora de Prospera, es candidata a diputada…

“Ellos no operaron a favor de la superación de la pobreza, pero en otros ámbitos tendrán sus prioridades (políticas)”, lamentó Alberto Sendón Rosales.

En todos los niveles

La compra de votos, precisó Sendón, es una práctica “generalizada” en la que también incurren gobiernos estatales y municipales. “Entregan lo que tienen a su disposición”, dijo.

En algunos estados, el uso discrecional de los programas sociales es todavía más evidente. Según el colectivo, en Chiapas -la entidad con mayores tasas de pobreza del país- ningún programa social estatal se encontraba en el presupuesto de egresos en 2016; ninguno tenía un padrón de beneficiarios ni reglas de operación.

El Estado de México presentó fallas similares: el año previo a las elecciones –en las que el priista Alfredo Del Mazo Maza distribuyó tarjetas con la promesa de que generarían un ingreso después de su triunfo– ningún programa reportaba su presupuesto y el 71% no tenía padrón de beneficiarios.

En Puebla, durante la administración de Rafael Moreno Valle, ocho de cada diez programas no dieron a conocer sus presupuestos, y seis de cada diez no tenían reglas de operación. Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, aspira ahora a gobernar la entidad.