Hay dos instituciones que son fundamentales en el engranaje que el nuevo gobierno federal ha estructurado para el combate a la corrupción, que están focalizando sus acciones en áreas estratégicamente sensibles para la persecución de presuntos servidores públicos desleales, que traicionan la confianza de la gente, al disponer en forma muy personal, patrimonialista, discrecional y presumiblemente irregular, de los bienes y los recursos públicos que les han sido confiados.

En los tres anteriores sexenios, los que encabezaron los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, así como en la administración del priista Enrique Peña Nieto, no se había explorado con profesionalismo, rigor y seriedad, una muy elemental tarea, en el obligado combate a la corrupción: seguir la huella del dinero.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador hay dos instituciones públicas que están haciendo bien su tarea: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actúa con una muy amplia autonomía, y la Secretaría de la Función Pública.

Ustedes seguramente recordarán que quien era entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (en el ámbito federal), Santiago Nieto Castillo, reveló a Grupo Reforma, en nota publicada el miércoles 18 de octubre del 2017, que a través de una carta, el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pretendió presionarlo para que lo deslindara de responsabilidad en la presunta utilización ilegal de recursos aportados por la constructora brasileña Odebrecht, que se habrían usado para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012.

Dos días después, el viernes 20 de octubre del 2017, Nieto Castillo fue destituido por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Para justificar el despido del fiscal electoral, el gobierno federal argumentó que había violado normas jurídicas que le obligaban a la prudencia y a la secrecía.

Desde el sábado 1 de diciembre del 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.

Por razones de seguridad nacional y con el fin de proteger la vida del personal de la UIF, los datos de los 370 servidores públicos que trabajan en ella, con excepción de su titular, han sido reservados por un periodo de cinco años, señala una información publicada por el periódico El Economista el jueves 6 de junio de 2019.

La pinza se cierra, en el combate a los delitos de cuello blanco, dentro y fuera de la administración pública, con el trabajo que realiza el equipo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública de la federación, quien ha sido desde hace más de una década investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.

Sus prendas académicas son muy destacadas: Doctora en Ciencia Política por la Universidad de California; Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM; Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y con una segunda Maestría en Ciencia Política por la Universidad de California.

Ha escrito varios libros que reflejan su vocación. Entre sus obras más importantes se encuentran: “Corrupción y Transparencia: Debatiendo las Fronteras entre Estado, Mercado y Sociedad”, editado por Siglo XXI en 2010; “Contemporary Debates on Corruption & Transparency”, editado por el IIS-UNAM y el Banco Mundial, en 2011; “Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal en la Banca: México (1982-1999)”, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en 2012, así como “Interés Público, Asociaciones Público Privadas y Poderes Fácticos”, editado por el IIS-UNAM y el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM en 2015.

Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, el sábado 1 de diciembre del 2018, fue certeza en el equipo más compacto de colaboradores del tabasqueño, que Nieto Castillo y Sandoval Ballesteros serían una línea muy dura y firme de contención y combate a la corrupción, en el proyecto de la Cuarta Transformación de la República.

 

CACIQUES

Este miércoles 17 de julio del 2019 ─en su conferencia mañanera─ López Obrador señaló que en todas las universidades públicas del país deben generarse movimientos para pedir transparencia, rendición de cuentas y honradez en el manejo de los recursos que les son confiados.

“Nosotros tenemos que ayudar con presupuesto a las universidades y sería muy conveniente que alumnos y maestros y la comunidad universitaria tenga como propósito que se aplique una política de transparencia y honestidad en las universidades, que no haya malversación de fondos en universidades, ni cacicazgos”, sostuvo.

Dijo que hay instituciones de educación superior que son emblemáticas por el control que algunos caciques ejercen en ellas: “Los caciques nombran a los rectores y tienen diputados y senadores en los partidos. Lo mismo que pasa con los sindicatos, ¿no? Es general”.

Además, explicó que “hay universidades que organizan coloquios, seminarios, etc., etc., ahí van los intelectuales de más renombre, con gastos pagados, a hablar de la justicia y de la democracia, como si estuviesen en el paraíso, jamás un cuestionamiento a la corrupción (…) Que todo eso se vea mal, que no se tolere la corrupción, guácala”, dijo.

Lo que López Obrador dijo referente a las universidades puede ser visto y escuchado en el video sobre la conferencia mañanera del presidente de este miércoles 17 de julio del 2019, que está en internet en la plataforma YouTube, en el siguiente enlace, a partir del minuto 52:

El pasado domingo 26 de mayo del 2019, el escritor Mario Vargas Llosa encabezó en la capital tapatía el Foro Desafíos a la Libertad en el Siglo 21, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, en donde afirmó que la democracia mexicana podría estar en peligro con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, lo que podría ser un retroceso que sumiría a México en el populismo.

En ese foro, en el que hicieron un llamado a defender la libertad, participaron Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Ana Laura Magaloni, Valeria Moy, Guillermo Sheridan y José Woldenberg.

El pasado sábado 13 de julio del 2019, durante una gira por Michoacán, donde visitó las comunidades de Villamar, Paracho y Ario de Rosales, aseguró que al país le hacen falta médicos porque en las universidades “no aceptaban a estudiantes de medicina, los rechazaban”, con el argumento de que no hay presupuesto ni cupo suficiente.

Precisó: “Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas. No vamos a permitir la corrupción, hay universidades que están manejadas en el país por caciques; eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero ya no vamos a apoyar a los cacicazgos”.

“No es posible -reprochó- que cerraban las puertas de las universidades públicas y los mismos que dominaban las universidades ponían escuelas privadas, para que todos los rechazados se fuesen a estudiar a sus universidades privadas donde se tenía, se tiene, que pagar colegiatura”.

Aclaró el presidente de la República que no está en contra de la educación privada, “el que tiene para pagar escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”.

 

CASOS SIMILARES

El viernes 1 de marzo del 2019 publicó el periódico El Financiero: “La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países, aseguró este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo”.

Ese mismo día el periódico Reforma precisó que el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo involucraría al cacique y jefe político de esa institución, Gerardo Sosa Castelán –quien encabeza el patronato de la institución universitaria–, un expriista que en las pasadas elecciones del domingo 1 de julio del 2018 se alió con el partido Morena para postular candidatos al congreso local y a algunas alcaldías de esa entidad.

Explica Reforma que Sosa Castelán es líder del denominado Grupo Universidad, integrado por personajes para los que –según una queja de morenistas externada en junio pasado– compró candidaturas por 50 millones de pesos.

El domingo 3 de marzo del 2019 el periódico Milenio informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo opera 22 empresas, entre ellas un hotel, un centro de seminarios, un club deportivo, una empresa de transporte, una procesadora de productos lácteos e incluso una gasolinera, integradas al Corporativo de Empresas del Patronato Universitario que preside Sosa Castelán.

El actual presidente del patronato de la UAEH -que controla la institución con mano férrea- militó durante poco más de 40 años en las filas del PRI, y bajo las siglas de ese partido fue diputado local de 1981 a 1984 y dos veces ha ocupado una curul como legislador federal, la primera de 2000 a 2003 y la segunda de 2006 a 2009, señala información publicada por el periódico Mural de Guadalajara el viernes 1 de marzo del 2019

Entre la UAEH y la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, hay impresionantes coincidencias. El cacique de la UdeG desde hace 30 años, el exrector (1989-1995) Raúl Padilla López, tiene vasos comunicantes con PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, a través de los cuales logra posiciones políticas para sus incondicionales, como diputados locales y federales, alcaldes y regidores, además de otros cargos públicos por designación.

Además, ha impuesto a los seis últimos rectores de la institución: Víctor Manuel González Romero (1995-2001); José Trinidad Padilla López (2001-2007); Carlos Jorge Briseño Torres (2007-2008); Marco Antonio Cortés Guardado (2008-2013); Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (2013-2019) y Ricardo Villanueva Lomelí (2019-2025).

Padilla López controla el Corporativo de Empresas Universitarias (CEU), como presidente de su Consejo de Administración, que aglutina 14 entidades económicas y opera cada año con un presupuesto promedio superior a los 500 millones de pesos, sin aportar utilidades a la institución que sean orientadas hacia el financiamiento de algún programa educativo, académico o de investigación.

En 2018 el CEU de la UdeG operó 14 empresas universitarias: Club Deportivo UdeG, Editorial Universitaria, Empresa Desarrolladora de Software y de Negocios, Empresa Servicios Universitarios, Feria Internacional del Libro, Hotel Villa Montecarlo, Hotel Villa Primavera, Inmobiliaria Universitaria, Operadora Universitaria de Energía, Operadora Auditorio Metropolitano, Operadora Centro Cultural Universitario, Operadora de Estacionamientos, Operadora Parque Industrial Los Belenes y Sistema Corporativo Proulex-Comlex.

Mucho trabajo tendrán que realizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, si como anunció el presidente López Obrador, pretenden acabar con los cacicazgos en las universidades oficiales y poner luz en los lugares oscuros donde se toman decisiones para el manejo discrecional de los recursos públicos que les son confiados, lo que causa quebranto a las instituciones y desesperanza entre los miles de estudiantes que no tienen cabida en sus aulas.