Autoridades wixaritari (huicholas) informaron que los cinco sujetos que participaron en el asesinato de los hermanos activistas Agustín y Miguel Vázquez Torres el 20 de mayo en la comunidad de Tuxpan de Bolaños son quienes controlaban para el cártel Jalisco Nueva generación esa plaza y están plenamente identificados, por lo que dieron un plazo de dos semanas a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) para que los detenga o serán los propios indígenas quienes lo harán mediante guardias comunitarias.

Si no se resuelve en ese plazo, la comunidad está decidida a levantarse en armas. No vamos a pedir ya diálogo ni haremos treguas con el gobierno. Hombres y mujeres así lo expresaron en el sepelio de nuestros hermanos (Vázquez Torres). La comunidad wixárika se ha caracterizado por el diálogo, pero todo tiene su límite, advirtió un líder de San Sebastián Teponahuaxtlán, demarcación a la que pertenece Tuxpan de Bolaños.

Las declaraciones de los indígenas a La Jornada se hicieron a título anónimo debido a que la célula criminal, tras el doble asesinato, ha tenido comunicación con varios de ellos y los ha amenazado para que le bajen o la región wixárika –que abarca unas 250 mil hectáreas en el norte de Jalisco– se convertirá en una zona de guerra.

Revelaron que los asesinos de los hermanos Vázquez Torres tenían tiempo asentados en Tuxpan de Bolaños y desde ahí controlaban la venta al menudeo de droga, especialmente metanfetaminas, pero también la cosecha y trasiego de amapola en la zona, base para la heroína que es exportada a Estados unidos.

A Miguel (Vázquez) lo mataron porque era uno de los opositores, él siempre se preguntaba por qué estaban esos canijos en Tuxpan como si nada, sin que los molestaran. Golpear a su hermano Agustín y luego matarlo fue una provocación para que Miguel les reclamara y tener el pretexto de matarlo también.

Testigos de lo ocurrido han comentado que, aunque en una primera pelea antes de los asesinatos fueron detenidos los presuntos sicarios, éstos luego fueron dejados libres por los policías municipales de Bolaños al parecer forzados por los propios sicarios que fueron a rescatarlos.

La FGJ señaló que investiga no sólo a los policías que dejaron en libertad a los sicarios –lo que permitió que regresaran a su casa de seguridad en Tuxpan, se organizaran, armaran y luego fueran a cometer el doble crimen–, sino al alcalde Juan Carlos Rodríguez Mayorga, quien estuvo en una festividad de esa comunidad ese 20 de mayo.

Sin embargo para los líderes indígenas es falso que las omisiones sólo sean de las policías municipales o el alcalde, como la FGJ trató de acusar para deslindarse de responsabilidad luego de los asesinatos.

“Todas las autoridades del gobierno de Jalisco y de Nayarit, o de los municipios de aquí del norte de Jalisco, sabían de la existencia de estos grupos que controlan las plazas como la de Tuxpan de Bolaños, las policías municipales y los agentes y ministerios públicos estatales en San Martín de Bolaños, en Bolaños, en Villa Guerrero, saben que ahí tienen ‘placeros’ que se pasean en sus camionetas, armados, y no hacen nada”, agregaron.

En imagen del 22 de septiembre pasado, el activista huichol Miguel Vázquez, reunido con compañeros tras la recuperación de 200 hectáreas del poblado de Huajimic, NayaritFoto Arturo Campos Cedillo

Cero tolerancia

Ante esta realidad anunciaron que harán una limpieza para expulsar de las comunidades wixaritari a los indígenas coludidos con grupos criminales, se declarará tolerancia cero para el consumo de drogas o la plantación de estupefacientes, serán cerrados los accesos y se instalarán retenes con guardias comunitarios armados.

Ya no vamos a pedir permiso al estado, porque no nos ha garantizado la seguridad que merecemos; nos ignora; dice mentiras como la de la base de la Fuerza Única Rural que iban a construir en Mesa del Tirador anunciada de enero, ni siquiera han puesto un solo ladrillo aunque ya donamos el terreno.

Lo que sí piden es que el gobierno federal, mediante el Ejército o la Marina, ingrese al norte de Jalisco y termine con el poder fáctico del crimen que impera no sólo en Jalisco, sino en localidades nayaritas colindantes, como Huajimic o Puente de Camotlán.

Nosotros desde el 22 de septiembre que se dio la primera ejecución para que nos regresaran 182 hectáreas en Huajimic, advertimos todo lo que iba a acarrear esas acciones emprendidas por la comunidad, pedimos al gobierno federal que interviniera, a los de Jalisco y Nayarit. No hicieron nada.

Debido a las amenazas recibidas, los líderes y autoridades tradicionales también pidieron que el estado de Jalisco y el de Nayarit garanticen su seguridad personal cuando salen a realizar gestiones para su pueblo, especialmente en las capitales estatales a donde acuden desprotegidos.

Estamos hablando de autoridades tradicionales y agrarias, gobernadores, comisariados, miembros del consejo y otros líderes indígenas que realizan activismo, aunque no tengan un cargo formal, pero que están plenamente identificados por los criminales, amenazados y expuestos.

Dijeron que los autores intelectuales del crimen de los hermanos Vázquez Torres podrían ser tanto los jefes que controlan la célula criminal que estaba asentada en Tuxpan de Bolaños, como ganaderos bien de Huajimic o de Bolaños –del predio La Berenjena–, a quienes les han ido quitando sus tierras luego de litigios agrarios ganados en tribunales el año reciente por los indígenas.

A los autores materiales los tenemos bien identificados. Eran cinco personas, la comunidad tiene fotografías de ellos y todos si nos los ponen enfrente los vamos a ubicar. El fiscal de Jalisco (Eduardo Almaguer) tiene una responsabilidad muy grande de detenerlos, porque están identificados y los crímenes fueron realizados a la vista de todos incluyendo autoridades municipales.

Anticiparon que una solicitud que mantendrán será de que, en cuanto los criminales sean detenidos, se permita a la comunidad wixárika castigarlos de acuerdo a sus usos y costumbres para que después ya purguen su proceso a cargo de las autoridades civiles.

El límite que dan a las autoridades para capturar a los autores materiales e intelectuales es el 9 de junio, cuando en la comunidad de Ocota de la Sierra (norte de Jalisco) se reúnan en asamblea las autoridades indígenas para tomar decisiones respecto a la forma de organizarse para proteger a su gente y su territorio.