Por primera ocasión, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción en contra de una universidad.

La edición de este viernes 23 de junio del Diario Oficial de la Federación publica una circular en la que se da a conocer la inhabilitación por un año en contra de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La medida impuesta imposibilita que la UdeG pueda recibir contratos públicos con recursos federales, además de que la Secretaría de la Función Pública impuso una multa de 373 mil 980 pesos en contra de la institución.

La circular señala que “se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la administración pública federal, empresas productivas del estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la institución educativa denominada Universidad de Guadalajara.

“Dicha inhabilitación subsistirá hasta el día en que la institución educativa infractora realice el pago de la multa, aun y cuando el plazo de inhabilitación haya concluido, sin que sea necesaria la publicación de algún otro comunicado”, señaló el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jorge Peralta Porras, en la circular publicada.

El contrato que dio origen a la sanción de la Secretaría de la Función Pública fue adjudicado directamente y firmado por la entonces Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Laura Puebla Pérez, y el Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, Reynaldo Guerrero Bernal.

De acuerdo con el contrato, la UdeG se comprometió a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10-Consultorio Sustentable en Cabo San Lucas, para lo cual cobraría 5.5 millones de pesos con IVA, debiendo entregar el proyecto al IMSS el 23 de marzo de 2013.

La UdeG puede impugnar la sanción mediante un amparo o juicio de nulidad, pero si bien el cobro de la multa quedaría congelado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que los jueces federales no pueden suspender las inhabilitaciones mientras se litiga contra ellas.

Tras conocer la sanción impuesta por la Función Pública, la Universidad de Guadalajara explicó que el proyecto fue elaborado y entregado en perfectas condiciones y descartó que haya algún daño patrimonial o de otro tipo.

La Universidad agregó que la sanción se debe a una falta administrativa en la forma en cómo se hizo el procedimiento y adelantó que emitirá un comunicado en el que fijará su postura oficial sobre el tema.