Las y los asistentes al Foro Libre determinación y defensa del territorio, que este jueves concluyó en el ejido tzeltal de Bachajón, municipio de Chilón, exigieron “respeto al derecho a ejercer la autonomía y la libre determinación” de sus pueblos.

“Nosotros, pueblos originarios tzeltales, tzotziles, choles, zoques y mestizos, poseemos el derecho primordial de nuestro territorio y nos estamos organizando para defenderlo y construir nuestra autonomía. Si para el mundo occidental el sistema de partidos y la propiedad privada son parte de su derecho, para nosotros la asamblea y los bienes naturales son parte de nuestro derecho comunitario”, agregaron.

En sus conclusiones, dadas a conocer este jueves en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, demandaron al gobierno federal que “adecue el texto del artículo 115 Constitucional, de tal manera que se contemple la figura de los municipios indígenas, que proteja y haga efectivo el reconocimiento del derecho al autogobierno por parte de los pueblos y comunidades originarias de todo el país”.

De igual forma exigieron “a las autoridades correspondientes, que paren el proceso de privatización del agua, que pone en riesgo nuestras cuencas hidrológicas y la supervivencia de nuestras comunidades”, pues “para nosotros, el agua no es un recurso económico, sino una fuente de vida, por eso estamos dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias”.

Denunciaron que “los megaproyectos turísticos, de extracción minera y de hidrocarburos amenazan con despojar a nuestros pueblos de su territorio, que atraviesan los municipios desde Palenque hasta San Cristóbal de Las Casas y desde Chicomuselo a Simojovel”.

Expresaron su oposición a las propuestas del nuevo gobierno federal de dar continuidad a la creación de las Zonas Económicas Especiales, por lo que se manifestaron “en contra de un desarrollo extractivista que ve a nuestros territorios como un paraíso verde para los ricos, mientras que nosotros como pueblos originarios nos vemos inmersos en una guerra de exterminio”.

Reunidos a partir del miércoles en Bachajón, situado en el norte de la entidad, cientos de hombres y mujeres de diferentes municipios y organizaciones de Chiapas y de otros estados, convocados por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), compartieron experiencias sobre libre determinación y defensa del territorio entre pueblos indígenas.

En un pronunciamiento final, expresaron que “ya estamos cansados de las promesas de los partidos políticos que se aprovechan de las necesidades de nuestras comunidades para sus propios intereses; de los gobiernos corruptos que usan los recursos del municipio para enriquecimiento personal y se olvidan de las necesidades de la población; de las amenazas de los megaproyectos que atentan contra la armonía en nuestros territorios. Nos cansamos hasta de tener miedo. Ya no tenemos miedo. Por eso hacemos oír nuestra voz: exigimos que se respete nuestro derecho a la autonomía y libre determinación”.

Señalaron que han caminado durante siete años para construir una propuesta alternativa de gobierno que asegure la vida digna en sus comunidades y defienda su territorio.

Exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas que “realice todas las diligencias necesarias para que en Chilón, Sitalá y Oxchuc se haga efectivo nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades municipales de acuerdo a nuestros sistemas normativos internos, el cual se encuentra consagrado en el artículo segundo, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Las políticas públicas son insuficientes, dicen en Michoacán

En tanto, el Consejo Supremo de Michoacán (CSIM) señaló, mediante un manifiesto, también destacó que lo único que celebran es la resistencia y la lucha por la libre autodeterminación, el autogobierno y la autonomía, porque las políticas públicas hacia los pueblos indígenas por parte del Estado Mexicano continúan siendo insuficientes, paternalistas, discriminatorias y violatorias de derechos.

La organización purépecha, que se encuentra integrada por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 40 comunidades,  señala lo siguiente: “En México, según las propias cifras oficiales, siete de cada 10 indígenas nos encontramos en la pobreza, el 13.4 por ciento de nuestros hogares tienen piso de tierra, el 25.5 por ciento de nuestras viviendas no tienen drenaje y el 23% de nuestros hermanos hablantes de una lengua originaria no saben leer y escribir. Sin contar que 18 millones de indígenas sufrimos discriminación debido a nuestro fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres”.

En cuanto al presupuesto gubernamental es altamente insuficiente y discriminatorio, “toda vez que no corresponde con el número de habitantes que hablan un idioma originario en el estado, mismos que ascendían en el 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán.

Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% del total del presupuesto, y no el 0.26 % que como máximo se le asignó en la presente anualidad.

El Congreso de Michoacán ha destinado un capital miserable para atender las necesidades más básicas de los pueblos originarios, lo que explica las condiciones de marginación y pobreza de las comunidades originarias”.