Personas que fueron intervenidas quirúrgicamente en un hospital privado en dos o tres ocasiones por el mismo mal y con el mismo costo, sin que ninguna de las operaciones se haya realizado, así como médicos que ordenaron intervenciones y que no existen en el sistema de salud pública, forman parte de las irregularidades en el manejo del Seguro Popular Jalisco.

Éstas son las anomalías encontradas en la administración estatal anterior que motivaron algunas de las acciones penales que ha emprendido el gobierno de Aristóteles Sandoval, según documentos a los que tuvo acceso El Diario NTR Guadalajara.

El 15 de noviembre de 2013, el entonces contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado, presentó una denuncia penal de hechos ante la Fiscalía Central “por conductas que probablemente constituyen ilícitos cometidos en perjuicio” del Seguro Popular.

En esa ocasión se señalaron como posibles responsables a quien ocupaba la dirección administrativa de la Secretaría de Salud, Álvaro Córdova Pérez, a los ex funcionarios José Luis Gómez Quiñonez, Leolpoldo Reyes García, José Refugio Bañuelos Rojas, Raymundo Haro Villa, así como los médicos Isaac Fregoso Ramos, José Escoto Gómez y Cristian de Jesús Ledezma Andalón.

Las irregularidades se encontraron en la adjudicación directa de servicios subrogados a los hospitales Puerta de Hierro Sur y de Especialidades Puerta de Hierro. Se señala que no se justificaba la adjudicación directa de las intervenciones, por lo que habría “desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades”.

Irregularidades

Uno de los señalamientos es por mil 93 servicios médico-quirúrgicos no realizados, facturados y pagados, por un monto de 11 millones 780 mil 780 pesos. Se trata de colecistectomías laparoscópicas, colecistomía abierta, hernioplastía, atención de parto por cesárea y atención de parto normal. Cada una tuvo costos por estas dos tarifas: 9 mil 840 pesos o 14 mil 150 pesos.

Algunos de los médicos que hicieron las derivaciones a un servicio privado de salud no laboran para las unidades médicas públicas que se señala, mientras que en el caso de los que sí trabajan ahí, negaron haber firmado los documentos y se comprobó que las rúbricas son distintas a las de ellos, por lo que pudieron ser falsificadas.

Una de las principales irregularidades que se encontraron fue el caso de 12 personas que fueron intervenidas quirúrgicamente en fechas diferentes dos y hasta tres veces. María Analila fue sometida a una colecistectomía laparoscópica el 9 de agosto de 2012, una más el 31 de agosto de ese mismo año y una tercera el 7 de diciembre.

Los pacientes sí son beneficiarios del Seguro Popular y supuestamente fueron enviados a los hospitales Puerta de Hierro. Sin embargo, las acciones médicas nunca existieron y los servicios sí se pagaron o se intentaron cobrar.

Por estos casos se determinó que hay un probable daño al erario por 142 mil 720 pesos “correspondientes a 11 servicios médicos quirúrgicos pagados y no realizados, además de existir duplicidad del servicio médico a un mismo afiliado, pero en fecha diferente” por intervenciones como colecistectomía laparoscópica, hernioplastía y colecistomía abierta. Todas las facturas fueron emitidas por el Hospital Puerta de Hierro Sur.

Además, “un probable intento de daño al erario de un cobro indebido de 185 mil 170 pesos” por 14 servicios quirúrgicos “no realizados, que se intentaron cobrar, además que existe duplicidad de un mismo servicio médico”. Las facturas corresponden a los dos hospitales Puerta de Hierro.

‘Modus operandi’

Para lograr lo anterior se utilizaron documentos falsos o alterados. Por ejemplo, la Clave Única del Registro de Población está incompleta o las órdenes de derivación hacia esos hospitales no tienen número de folio. Tampoco hay expedientes clínicos en los hospitales privados de los pacientes intervenidos, pero, además, los médicos que presuntamente enviaron a esos pacientes no trabajaban para las unidades médicas registradas ante el Seguro Popular.

También se verificaron los domicilios de los afiliados, pero no existen ni hay expedientes de los beneficiarios en los archivos del Seguro Popular.

Por ello, en la denuncia presentada por la Contraloría se señala que “posiblemente se desplegaron conductas delictivas desarrolladas por servidores públicos y/o médicos, directivos o empleados de los hospitales mediante una maquinación engañosa”. También señala que “es de resaltarse que a todas luces los sujetos activos responsables llevaron a cabo todos los hechos y conductas en forma dolosa”.

Otra irregularidad se dio en el intento por cobrar 38 servicios médico-quirúrgicos que no existieron por un monto de 373 mil 920 pesos, también en los dos hospitales Puerta de Hierro. La mayoría de estos casos corresponden a 2012 y curiosamente todos tuvieron el mismo costo: 9 mil 840 pesos. Las facturas tienen fecha de agosto de 2013, cuando ya el titular del Seguro Popular era Antonio Cruces Mada.

En estos casos también se señala que los médicos que derivaron a los pacientes a los hospitales privados no laboran en las unidades médicas registradas ante el Seguro Popular.

Hay otras irregularidades, como domicilios inexistentes en los que se negó información, en los que desconocen el nombre del afiliado o con pólizas de afiliación cuyo número no existe.

Acción legal

En la denuncia hecha por la Contraloría del Estado se señaló como posible responsable a Álvaro Córdova Pérez, quien era director administrativo de la Secretaría de Salud. El ex funcionario fue detenido el 15 de febrero de 2015, señalado por un posible desfalco al Seguro Popular por 326 millones de pesos, aunque se le fijó fianza para que pudiera enfrentar el proceso en libertad.

El 19 de marzo de 2014, la Contraloría del Estado presentó una ampliación de la denuncia contra los mismos ex funcionarios por los posibles delitos de peculado, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, falsificación y uso de documentos expedidos por los poderes del estado, organismos autónomos, ayuntamientos o documentos de crédito y por asociación delictuosa.

En ésta se señala el intento de cobro de 4 mil 33 servicios médico-quirúrgicos no realizados por un monto de 46 millones 440 mil 339.99 pesos, también en los hospitales Puerta de Hierro. En este caso, también se confirmó que los médicos que derivaron la mayor cantidad de pacientes no laboran en las unidades médicas que los remitieron.

Además, hay pólizas con un mismo número, pero nombres de beneficiarios diferentes.

Investigación

•  Este medio publicó ayer que, durante la gestión de Antonio Cruces Mada como titular de la SSJ, se sustrajeron medicinas de alto costo del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, por un monto aproximado de 9.6 millones de pesos
•  Alfonso Petersen Farah, secretario de salud de Jalisco, aseguró que ya se han tomado acciones para que la extracción irregular de medicamentos no quede impune
•  Por esos hechos, dijo, en septiembre se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que no ha llegado a una conclusión; sin embargo, dos enfermeras del hospital ya fueron separadas de su cargo

Las irregularidades

•  Mil 93 servicios médico-quirúrgicos no realizados, facturados y pagados, por un monto de 11 millones 780 mil 780 pesos
•  12 personas fueron intervenidas quirúrgicamente del mismo problema en dos o hasta tres ocasiones. Ninguna se realizó
•  De esas 12 personas, se cobraron 142 mil 720 pesos de 11 operaciones que no se realizaron
•  Además, hay otros 14 servicios quirúrgicos no realizados por los que se intentaron cobrar 185 mil 170 pesos
•  Se intentaron cobrar 38 servicios médico-quirúrgicos que no existieron por un monto de 373 mil 920 pesos
•  Hubo un intento de cobro de 4 mil 33 servicios médico-quirúrgicos no realizados por un monto de 46 millones 440 mil 339.99 pesos,
•  Intervenciones falsas: 5 mil 189
•  Monto de intervenciones falsas: 58 millones 922 mil 829.99 pesos

Cómo actuaban

•  Se utilizaban nombres de médicos que no laboran en el sistema de salud, para derivarlos a los hospitales Puerta de Hierro
•  Algunos médicos que presuntamente derivaron a los pacientes a los hospitales privados sí laboran en los servicios públicos de salud, pero sus firmas habrían sido falsificadas
•  Los pacientes sí son beneficiarios del Seguro Popular, pero los datos fueron alterados y los domicilios que aparecen son inexistentes
•  No hay expedientes clínicos de los pacientes derivados en el Seguro Popular
•  No hay expedientes clínicos de los pacientes en los hospitales en los que se les habría hecho la intervención quirúrgica